Conrado Gómez Vélez - Especialista en salud pública y en evaluación social de proyectos. Magíster en Ciencias Políticas elpulso@elhospital.org.co
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en la Ley 1164 instrumentos como el Consejo Nacional de Talento Humano que estará capacitado para conocer y estudiar cada área profesional con sendos comités; este Consejo asesorará sobre la pertinencia de los programas educativos. No obstante, la Corte en el examen de objeciones, restringió sus funciones a un nivel asesor.
En segundo lugar se estableció el Observatorio del Talento Humano, encargado de difundir y promover la información objetiva de manera amplia, de modo que los aspirantes a programas educativos y sus familias puedan decidir con objetividad. En materia de calidad se creó la recertificación profesional, que es todo un debate, no porque la medida sea cuestionable, sino porque la estructura fijada para hacerla realidad generó una oposición muy fuerte.
La Ley otorgó a los Colegios Profesionales un papel relevante para la recertificación, pero estas organizaciones aún no están plenamente desarrolladas, dejándole al sector educativo un enorme malestar, que es el de imaginar que sus egresados serán evaluados por terceros. No debe perderse de vista que el sector educativo es el que más sabe de su negocio, y podría verse valorado por organizaciones que no tienen la misma experiencia. Sin embargo, la recertificación tiene aspectos positivos: la participación de un actor diferente a educación puede superar el bajo impacto de sus autoevaluaciones, que hasta ahora no conducen a un control decidido de pertinencia, ni a inversiones suficientes para mejorar la calidad.
Por otro lado, no es un secreto que la recertificación generará oportunidades económicas, técnicas y políticas, y sobre ellas se desató una competencia abierta. Están en discusión los beneficios de la capacitación y el re-entrenamiento, el producido de la recertificación en sí misma, el prestigio y el desarrollo institucional que promete el proceso, y por último, el poder que genera evaluar los profesionales y a las universidades indirectamente.
Interrogantes
Sin embargo, los interrogantes son muchos. Evaluar profesionales es complejo y diferente, por ejemplo, de examinar bachilleres. Las pruebas que se vienen haciendo por competencias profesionales, ECAES, no son comparativas como las pruebas de Estado (secundaria) ni permiten hacer escalafones.
En el caso de las profesiones no existe un modelo teórico práctico, ideal, que establezca cómo debe ser cada profesional. ¿Cómo es el médico ó la enfermera ideal? Cada universidad tiene su propuesta, que en esencia es única. Y por ende, ¿cómo se evaluarán egresados de programas distintos con justicia? ¿Se forman igual personas de estrato II y III, hijos de padres bachilleres, que personas de estrato VI que estudiaron en colegio bilingüe, tienen computador en casa, portátil en el auto y padres profesionales ó empresarios? ¿Cuál será el rasero para evaluar? Obsérvese que esta condición puede derivar en inequidades. La educación es elitista. Cierto: es de excelencia, hay exámenes, es por mérito y todo esto, pero también deben existir oportunidades para los más pobres ó por ejemplo, para quienes tuvieron un bachillerato de menor calidad. Podría suceder por ejemplo, que para recertificar se adopte un perfil favorable a egresados de universidades de estratos altos, pero eso se convertirá en una barrera de acceso a la educación superior para aquellos de menores ingresos, ó lo que es peor, un impedimento para que ejerzan sus profesiones después de haber hecho un esfuerzo tan enorme como el que se requiere para graduarse. Si todo esto llevara a un control de cupos, ¿por dónde se los reduciría?
En suma: un proceso de recertificación mal llevado podría exponer a los profesionales de ciertas universidades a evaluaciones injustas, al mismo tiempo que podrían favorecerse propuestas pedagógicas determinadas. Imaginémonos cuales son las competencias que debe tener un médico ó una enfermera. Unas universidades hacen énfasis en la clínica, otras en la investigación, otras en el trabajo comunitario. ¿Qué es mejor? Y los profesionales que se formaron hace 20 años, ¿cómo van a ser comparados?
Es decir: la recertificación puede generar un sistema de evaluación que mejore la calidad de la educación y la atención de los colombianos, pero no es algo tan fácil de hacer como parece. ¿Quién va a hacer la tarea? Las universidades, los colegios y el gobierno van a estar, pero, ¿en qué condiciones? Es el debate actual, y como puede verse, es de hondo calado, pero en todo caso debe quedar claro que tenemos que superar el sistema educativo masificado y absolutamente desbordado que se impulsó para aumentar coberturas. Hoy más que nunca, ante un mundo globalizado y cada vez más competitivo, la calidad es un imperativo, y ese es el principio que debe inspirar la reglamentación de la Ley 1164.
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Interesante refleción que habría que pensarla desde cada uno de los programas, desde cada uno de los colectivos de docentes y de directivos de las universidades. Felicitaciones al colectivo de EL PULSO.
en la Ley 1164 instrumentos como el Consejo Nacional de Talento Humano que estará capacitado para conocer y estudiar cada área profesional con sendos comités; este Consejo asesorará sobre la pertinencia de los programas educativos. No obstante, la Corte en el examen de objeciones, restringió sus funciones a un nivel asesor.
En segundo lugar se estableció el Observatorio del Talento Humano, encargado de difundir y promover la información objetiva de manera amplia, de modo que los aspirantes a programas educativos y sus familias puedan decidir con objetividad. En materia de calidad se creó la recertificación profesional, que es todo un debate, no porque la medida sea cuestionable, sino porque la estructura fijada para hacerla realidad generó una oposición muy fuerte.
La Ley otorgó a los Colegios Profesionales un papel relevante para la recertificación, pero estas organizaciones aún no están plenamente desarrolladas, dejándole al sector educativo un enorme malestar, que es el de imaginar que sus egresados serán evaluados por terceros. No debe perderse de vista que el sector educativo es el que más sabe de su negocio, y podría verse valorado por organizaciones que no tienen la misma experiencia. Sin embargo, la recertificación tiene aspectos positivos: la participación de un actor diferente a educación puede superar el bajo impacto de sus autoevaluaciones, que hasta ahora no conducen a un control decidido de pertinencia, ni a inversiones suficientes para mejorar la calidad.
Por otro lado, no es un secreto que la recertificación generará oportunidades económicas, técnicas y políticas, y sobre ellas se desató una competencia abierta. Están en discusión los beneficios de la capacitación y el re-entrenamiento, el producido de la recertificación en sí misma, el prestigio y el desarrollo institucional que promete el proceso, y por último, el poder que genera evaluar los profesionales y a las universidades indirectamente.
Interrogantes
Sin embargo, los interrogantes son muchos. Evaluar profesionales es complejo y diferente, por ejemplo, de examinar bachilleres. Las pruebas que se vienen haciendo por competencias profesionales, ECAES, no son comparativas como las pruebas de Estado (secundaria) ni permiten hacer escalafones.
En el caso de las profesiones no existe un modelo teórico práctico, ideal, que establezca cómo debe ser cada profesional. ¿Cómo es el médico ó la enfermera ideal? Cada universidad tiene su propuesta, que en esencia es única. Y por ende, ¿cómo se evaluarán egresados de programas distintos con justicia? ¿Se forman igual personas de estrato II y III, hijos de padres bachilleres, que personas de estrato VI que estudiaron en colegio bilingüe, tienen computador en casa, portátil en el auto y padres profesionales ó empresarios? ¿Cuál será el rasero para evaluar? Obsérvese que esta condición puede derivar en inequidades. La educación es elitista. Cierto: es de excelencia, hay exámenes, es por mérito y todo esto, pero también deben existir oportunidades para los más pobres ó por ejemplo, para quienes tuvieron un bachillerato de menor calidad. Podría suceder por ejemplo, que para recertificar se adopte un perfil favorable a egresados de universidades de estratos altos, pero eso se convertirá en una barrera de acceso a la educación superior para aquellos de menores ingresos, ó lo que es peor, un impedimento para que ejerzan sus profesiones después de haber hecho un esfuerzo tan enorme como el que se requiere para graduarse. Si todo esto llevara a un control de cupos, ¿por dónde se los reduciría?
En suma: un proceso de recertificación mal llevado podría exponer a los profesionales de ciertas universidades a evaluaciones injustas, al mismo tiempo que podrían favorecerse propuestas pedagógicas determinadas. Imaginémonos cuales son las competencias que debe tener un médico ó una enfermera. Unas universidades hacen énfasis en la clínica, otras en la investigación, otras en el trabajo comunitario. ¿Qué es mejor? Y los profesionales que se formaron hace 20 años, ¿cómo van a ser comparados?
Es decir: la recertificación puede generar un sistema de evaluación que mejore la calidad de la educación y la atención de los colombianos, pero no es algo tan fácil de hacer como parece. ¿Quién va a hacer la tarea? Las universidades, los colegios y el gobierno van a estar, pero, ¿en qué condiciones? Es el debate actual, y como puede verse, es de hondo calado, pero en todo caso debe quedar claro que tenemos que superar el sistema educativo masificado y absolutamente desbordado que se impulsó para aumentar coberturas. Hoy más que nunca, ante un mundo globalizado y cada vez más competitivo, la calidad es un imperativo, y ese es el principio que debe inspirar la reglamentación de la Ley 1164.
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Interesante refleción que habría que pensarla desde cada uno de los programas, desde cada uno de los colectivos de docentes y de directivos de las universidades. Felicitaciones al colectivo de EL PULSO.
TF Aura María Portilla Mera
regfarmacia@gmail.com
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